Artículo de Opinión de Francesc Cárdenas, experto en desarrollo urbano sostenible
En ningún otro momento de nuestra historia reciente se ha dedicado tanto esfuerzo e interés a lo que entendemos como “desarrollo sostenible” en sus múltiples facetas. Importantes partidas presupuestarias, infinidad de organizaciones y técnicos trabajando en ello, desarrollo legislativo y normativo como nunca que abarca prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, una posición cada vez más alta en las agendas políticas, conferencias y grandes eventos internacionales, soluciones tecnológicas, una presión social creciente... Todo ello empujado por la evidencia científica de que nuestro modelo de desarrollo nos llevaba a una situación que ponía en peligro incluso nuestra subsistencia como especie.
Y a pesar de todo este esfuerzo parece que los indicadores de seguimiento no sólo no mejoran, sino que incluso son cada vez peores en muchos casos. Un informe reciente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advierte de consecuencias catastróficas en los próximos 30 años incluso si se cumplen los objetivos del Acuerdo de París, que establecían como máximo un incremento de 2 grados con respecto a valores previos a la revolución industrial. Es decir, cumpliendo objetivos, algo que ahora mismo no parece nada fácil, 130 millones de personas caerán en pobreza extrema en los próximos 10 años, o cientos de millones de personas que viven en zonas costeras deberán migrar forzosamente debido a inundaciones provocadas por la subida del mar, por citar sólo algunas de las advertencias que nos hacen. A nivel más local se podrían citar también muchos ejemplos: calidad del aire inadmisible en grandes ciudades con graves afectaciones en la salud de las personas, modelos urbanos depredadores del territorio con las consecuencias de tipo ambiental, social o económico que ello conlleva…
La primera conclusión ante este panorama parecía clara: debíamos repensar nuestro modelo de desarrollo y actuar en consecuencia. Así se ha hecho desde muchas organizaciones, también desde el Eixo Atlántico donde desde hace tiempo se viene trabajando en documentos estratégicos orientados a dar respuesta a los retos planteados, el último de ellos el “Plan de sostenibilidad del sistema urbano del Eixo Atlántico”.
Tenemos estrategia, hemos hecho un diagnóstico preciso de la situación actual, dibujamos escenarios de futuro más sostenibles, disponemos de soluciones que ya se están aplicando o ensayando en muchas ciudades. En definitiva, sabemos lo que hay que hacer y es justo reconocer el ingente esfuerzo desde el ámbito político, social, técnico o industrial. ¿Qué está fallando entonces? ¿Por qué no estamos doblegando la curva de una insostenibilidad creciente?
Además de seguir trabajando en las líneas de acción actuales, quizá haya que dar algunos pasos más por difíciles que sean. Citaré sólo dos.
Los ayuntamientos, en tanto que administración más próxima al ciudadano, deberían ser los principales actores. Pero su capacidad de actuación depende prácticamente en su totalidad de instancias superiores, sean estatales o europeas. Poco pueden hacer para potenciar energías renovables, cambiar modelos de movilidad y tantas otras cosas sin recursos económicos que vienen de estas instancias y que en definitiva son las que acaban condicionando las políticas urbanas. Escuchamos con frecuencia que la batalla por la sostenibilidad se ganará o se perderá desde las ciudades, pero luego no las dotamos de los recursos suficientes para esa batalla. Incrementar la capacidad financiera de los ayuntamientos quiere decir estar dispuestos a compartir el poder que ahora mismo reside en otras administraciones superiores, y eso, políticamente, no es fácil.
Una segunda línea de actuación se antoja todavía más difícil. ¿Dónde se toman las grandes decisiones? ¿Qué papel tienen las grandes corporaciones, los grandes grupos inversores, las grandes multinacionales? Cuando la Unión Europea, por ejemplo, establece objetivos para la implantación del vehículo eléctrico ¿lo hace pensando en su impacto ambiental, o principalmente en las exigencias del sector de la automoción para no ver mermados sus beneficios, acomodando plazos, estándares de calidad, etc. a los intereses de esta industria? A nivel más local, ¿qué puede hacer un ayuntamiento ante grandes inversores en pisos turísticos que acaban condicionando de una manera dramática la calidad de vida de nuestras ciudades con fenómenos como la gentrificación? Detrás de “globalización”, “geopolítica”… se esconden procesos no siempre bien conocidos. Podríamos empezar por plantear el debate haciendo transparentes todos estos procesos para poder llegar a acuerdos que, esta vez sí, llenaran de contenido lo que entendemos por “desarrollo sostenible”.