Articulo de Opinión de Ángela de la Cruz Mera, Subdirectora General de Políticas Urbanas. Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Trece años después de su aparición para reclamar ciudades europeas sostenibles, el próximo día 30 de noviembre de 2020, se aprobará por los Ministros responsables de los temas urbanos de la UE, la actualización de la Carta de Leipzig. Este documento, que reclamaba en su día hacer un mayor uso de las políticas integradas de desarrollo urbano, coordinando los aspectos espaciales, sectoriales y temporales de todas sus áreas clave y prestar atención especial a los barrios menos favorecidos, ha evolucionado fundamentalmente en dos direcciones:
Una primera de carácter conceptual para reconocer la responsabilidad de las ciudades y de las denominadas “áreas funcionales” para liderar una transformación justa (inclusiva, equitativa e igualitaria), verde (ecológicamente responsable y eficiente energéticamente) y productiva (competitiva y generadora de empleo y de recursos), que permita alcanzar una mayor sostenibilidad social, económica y medioambiental. Y una segunda de carácter funcional, para reclamar una buena gobernanza que incluya a todos los niveles de Gobierno, incluyendo al europeo, y también al resto de los actores implicados, incluyendo la muy amplia y variada sociedad civil y el sector privado.
Destaca en esta nueva Carta de Lepizig el reconocimiento de tres escalas de niveles espaciales para poder diseñar y poner en marcha las políticas y las medidas que demanda la sociedad actual: el barrio, el municipio o entidad local específica y la región. En éste último estrato espacial más amplio se incluyen las áreas metropolitanas y también las áreas funcionales tal y como las reconoce la Agenda Territorial 2030, es decir, como una combinación de entes territoriales que cooperan y coordinan sus políticas e instrumentos para conseguir objetivos comunes que van desde la vinculación entre áreas urbanas y rurales a las políticas de vivienda, la movilidad segura y conectada, los servicios e infraestructuras de todo tipo, la eficiencia energética, etc.
No falta el reconocimiento de la importancia que tiene la digitalización como oportunidad para procurar las transformaciones urbanas que son precisas, entre ellas la mejora de los servicios que se prestan a los ciudadanos, pero también la innovación que hará más competitivas a las empresas europeas. Y, además, se siguen señalando los siguientes principios básicos a tener en cuenta con carácter transversal para informar cualquier tipo de políticas y acciones: las políticas urbanas como elementos clave en la consecución del bien común, el enfoque integrado de todos los aspectos sectoriales, temporales o espaciales, la participación del público en general en todos aquellos aspectos que son de su interés, la co-creación derivada de dicha participación, la gobernanza multinivel y, sobre todo la relevancia del enfoque local.
La Carta de Leipzig actualizada reclama Estrategias urbanas basadas en situaciones locales específicas, con sus riesgos y potencialidades y reivindica que los instrumentos de financiación también tengan en dichas Estrategias su base analítica y práctica más importante. Al fín y al cabo, lo que muestra es una línea continuista con la propia Agenda Urbana para la UE, que ya avanzó la necesidad de acercarse a los temas urbanos con políticas integradas y co-responsables, con una financiación adecuada y con un fuerte vínculo entre el desarrollo urbano integrado, la Agenda territorial 2030 y la política de cohesión europea.