Artículo de opinión de Fernando González Laxe, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidade da Coruña
Hace unos años, en 1998, con motivo del año internacional de los océanos, se constituyó una Comisión Mundial Independiente que encargó al Dr. Mario Soares la elaboración de un relatorio. Bajo el titulo “O Océano, o nosso futuro” se elaboraron unas interesantes conclusiones. En ellas se mencionaba que los desafíos más urgentes radicaban en el desarrollo de políticas para la gobernabilidad de los océanos; se reivindicaba una mayor capacidad de respuesta en las zonas costeras para la promoción de acciones de carácter local, nacional, regional y global; y se propusieron acciones con el ánimo de limitar los impactos negativos de larga duración sobre la salud de los océanos.
Sin duda alguna, en ese momento, las preocupaciones eran muy intensas y en el manifiesto se insistía que era preciso articular una voluntad política más fuerte, para poder garantizar un mejor cumplimiento del derecho del mar, así como de las normas y reglas aprobadas en los foros internacionales. Finalizaba dicho informe recomendando que para conseguir un sistema más eficaz de gobernabilidad de los océanos era menester, en primer término, complementar las acciones sobre las cuestiones oceánicas en el seno de los foros existentes en el sistema de NNUU con un análisis de los mandatos y programas de todos los organismos internacionales regionales con competencia en materias de los océanos; y, en segundo lugar, facilitar el proceso de aplicación a través de algún organismo que sea capaz de reglamentar y actualizar de manera permanente los principios y reglas necesarias para garantizar la paz, la seguridad, la sostenibilidad, la alimentación y la competitividad..
Pasadas dos décadas podemos examinar lo realizado. Llama poderosamente la atención el hecho de que todavía sigamos “enguedellados” en las mismas cuestiones. Se reseña como objetivo prioritario finalizar con la pesca ilegal, no regulada y no reglamentada que asola los stocks y las áreas de pesca. Lo que significa que un importante número de pescadores ejerce con casi total impunidad sus labores de captura, poniendo en riesgo las poblaciones pesqueras. Esta proliferación de la pesca ilegal y no declarada hace que exista un relevante flujo comercial de productos de pesca sin contabilización, que pone en peligro las rentas de los pescadores y las economías de litoral que subsisten y que se apoyan en las mencionadas actividades pesqueras. Esto es, esa mayor oferta de pescado sin discriminación hace que los precios de mercado desciendan e incidan negativamente en las remuneraciones de aquellos productores concienciados biológica y comercialmente. Y si a esto, añadimos la suba espectacular de los precios de combustible, tenemos que los actuales costes de explotación pueden superar a los ingresos, con lo que el sector está atravesando un momento muy critico y de gran incertidumbre
En segundo término, los medios de comunicación continúan llamado la atención de los actos de piratería marítima, ya sea sobre pesqueros, ya sea sobre mercantes. Cualquiera de las zonas situadas en las rutas del transporte marítimo son escogidas por los piratas para asaltar, extorsionar y confiscar las mercancías que son objeto de tránsito. Desde el estrecho de Malaca, Bab-al-Mandab hasta las proximidades del canal de Suez, y a lo largo del Océano Índico nos encontramos con una importante pléyade de incidentes, sin que las instituciones internacionales hayan podido reaccionar de manera preventiva.
Asimismo, somos conscientes de la existencia de buques que transportan mercancías peligrosas a lo largo de los mares y océanos, sin que las autoridades costeras próximas a las rutas sean conscientes y tengan conocimiento de dichas cargas. La consecuencia, en la peor de las situaciones, son los accidentes marítimos y los impactos negativos sobre los ecosistemas y las poblaciones costeras provocados por buques con pabellones de conveniencia o por empresarios free-riders o empresas golondrinas (que aparecen en un lugar, desaparecen inmediatamente y vuelven a emerger en un nuevo emplazamiento con nombre diferente).
Galicia ostenta uno de los récords mundiales de accidentes marítimos con efectos contaminantes sobre los ecosistemas, sin que hasta el momento los procedimientos judiciales fueran capaces de garantizar los procesos de reversión. Los casos del Prestige, Mar Egeo, Policomander, Urquiola, son buenos ejemplos de ello.
Finalmente, algunos organismos internacionales llaman la atención sobre el deterioro de los ecosistemas y hábitats marinos. Al proceder a su cálculo, la FAO insiste que 2/3 de las poblaciones de peces más comerciales están sobre-explotadas o al límite de la explotación. Hace unos días la Comisión Europea entonaba, de nuevo, el “mea culpa” al reconocer que las medidas puestas en marcha desde hace años en el marco de las políticas de gestión y control de los recursos no habían logrado mejorar el estado de los stocks y que los métodos utilizados no permitieron la reconstitución de los niveles de biomasa deseados y programados.
De ahí que podamos afirmar, en conclusión, que en los mercados locales y globales afluyen y se entremezclan recursos pesqueros capturados con el máximo rigor de los artes y métodos de pesca (esto es, bajo el cumplimiento del código de pesca responsable), con otras especies que procedentes de caladeros más lejanos, ni tan siquiera vienen armonizadas sanitariamente, ni comercialmente, ni tampoco se puede llegar a afirmar que cumplan con el mencionado código de pesca responsable.