El Comité Director de la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas, RIET, del que forma parte el Eixo Atlántico, reunido en Oporto, acordó proponer a las próxima Cumbre Ibérica un conjunto de medidas en los ámbitos de movilidad, infraestructuras, desarrollo económico, vertebración social y medio ambiente, que considera necesarios para la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la frontera.
El punto central de la reunión y de la propuesta a la Cumbre es la de impulsar un Plan de Crecimiento Económico para desarrollar la competitividad de las empresas y las ciudades.
El documento, que será propuesto al Presidente del Gobierno de España y al Primer Ministro de Portugal por las 25 entidades políticas y económicas que forman parte de la RIET, contempla varias medidas entre las que destacan:
1. Impulsar una Plataforma conjunta de Correos Ibéricos, para minorar los costes logísticos de distribución, tanto postal, como mensajerías.
2. La eliminar el roaming telefónico entre España y Portugal para conexiones telefónicas y de datos.
En este sentido, el próximo mes de febrero, el nuevo Presidente de la RIET, Jose Maria Costa, alcalde de Viana do Castelo, se reunirá en Bruselas con la Comisión Europea para incidir en la necesidad de la eliminación del roaming en voz y datos cuyo efecto limita la competitividad de las empresa en la frontera y vulnera derechos ciudadanos al invadir las señales de las operadoras de un país, en el otro.
3. Además, este Plan Económico debe analizar las posibilidades y mecanismos para impulsar una política de armonización fiscal Ibérica, que acabe tanto con las políticas de deslocalizaciones, como con la desigualdad en términos de competitividad en el sector de servicios transfronterizos
Igualmente, la RIET plateará a ambos gobiernos la firma de un acuerdo bilateral, similar al existente en materia de Sanidad, para el transporte de proximidad, de pasajeros, que permita que las entidades regionales de Portugal y las Comunidades Autónomas de España puedan decidir su creación, sin necesitar la autorización de los gobiernos centrales de ambos países, como ocurre en la actualidad, lo que agilizará su puesta en servicio.