En los Transportes Urbanos de Braga la reducción de tarifas se cifra en el 16% y entrará en vigor el 1 de abril próximo
Con la movilidad descentralizada y la reducción tarifaria se pretende impulsar el uso del transporte público en un país donde 60 por ciento de los viajes son realizados en transporte individual. El Gobierno estima captar 100.000 pasajeros más, realizar 63 millones más de viajes y evitar la emisión de 79 mil toneladas/año de CO2 con el programa de apoyo a la reducción de las tarifas (PART) en el transporte público que va a ser implementado en todo el país, señaló, en Braga, el secretario de Estado Adjunto y de la Movilidad de Portugal, José Gomes Mendes.
El gobernante hablaba en la 3.ª conferencia anual de las autoridades de transportes, promovida por el Instituto de la Movilidad y de los Transportes, que se celebró en la Universidade do Minho bajo el título de “desafíos de la descentralización de la movilidad”.
José Mendes destacó que el PART cubre todo el país, pero matizó que la reducción de los tarifarios varía, en función del apoyo de las autoridades de transportes locales o intermunicipales.
En el caso de Braga, donde el Municipio es la autoridad de transportes y gestiona los Transportes Urbanos de Braga la reducción de tarifas se cifra en el 16%, reducción que entrará en vigor el próximo 1 de abril.
El secretario de Estado de la tutela explicó que fue dada autonomía a las autoridades de transportes - 23 en total en el país - para implementar medidas de reducción, teniendo en cuenta que “las realidades del país son muy diferentes”.
El Gobierno reservó en los Presupuesto de Estado para 2019, 104 millones de euros para el PART, a que se suman 12 millones más de euros aportados por los ayuntamientos.
Los desafíos de la descentralización de la movilidad fueron ayer abordados por el presidente de la Comunidad Intermunicipal (CIM) del Alto Minho, José Maria Costa, y por un representante de la CIM del Cávado, en la conferencia que ayer transcurrió en Braga.
Hasta el 3 de diciembre de este año, las redes de transporte público tienen que estar adjudicadas en todo el país como impone la reglamentación europea.